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El juez federal Daniel Rafecas ordenó que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia relacionada con la causa por el atentado a la AMIA. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Manuel Adorni, que implementen una serie de medidas destinadas a avanzar hacia esa publicidad.
En una resolución a la que accedió Clarín, el juez sostuvo que «este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión». Rafecas recordó que en 2020 se dispuso la desclasificación de documentos de inteligencia; sin embargo, esa medida no implicaba su difusión pública.
A fines de marzo, el magistrado realizó una audiencia con todas las partes involucradas en la causa por el atentado a la AMIA. En ella, las querellas que representan a las víctimas solicitaron avanzar en la publicidad de la documentación, incluyendo cuatro informes de la Unidad Fiscal AMIA.
El atentado a la sede de la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, causando la muerte de 84 personas y heridas a unas 300. La justicia argentina identificó como responsables a una decena de iraníes, entre ellos actuales y exfuncionarios de ese gobierno, y ordenó su captura a nivel nacional e internacional. Hace un mes, el fiscal federal Sebastián Basso imputó a un nuevo acusado, solicitando su indagatoria y detención.
Ante el incumplimiento de las órdenes de detención, avanza un juicio en ausencia para los acusados, pedido por el fiscal Basso y ordenado por Rafecas, basado en una ley aprobada por el Congreso Nacional en 2023.
El decreto 213/2020, promulgado por el presidente Alberto Fernández, estableció que la información de inteligencia desclasificada y otra documentación del caso con carácter confidencial o reservado debía ser considerada pública. Sin embargo, que la información sea pública no implica que pueda difundirse libremente. En su resolución, Rafecas explicó: «La información clasificada como pública no necesariamente puede trascender del ámbito estatal sin una decisión de la autoridad competente. Dicho de otro modo: dejar de ser secreta no equivale, por sí solo, a ser divulgada».
Las querellas insistieron en que, dada la importancia de la información, debía autorizarse su difusión. El juez señaló que el propio decreto estableció una mesa de diálogo interinstitucional para definir los mecanismos de publicidad de los documentos, pero advirtió que «la mesa de diálogo no ha funcionado de manera regular ni ha establecido criterios generales, parámetros claros ni cronogramas de trabajo que permitan aplicar de forma efectiva el régimen previsto. Esto ha generado una situación de incertidumbre en la que, pese a la desclasificación formal, el acceso a la documentación sigue restringido y sin resolverse la forma de su difusión».
Por ello, Rafecas consideró que «no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información». Además, agregó que «el tiempo transcurrido y la relevancia institucional de los hechos investigados refuerzan la necesidad de adoptar una decisión que permita avanzar hacia una mayor transparencia y apertura de la información. En este contexto, este tribunal entiende que corresponde reconocer el carácter público de los informes cuya divulgación se solicita y establecer su difusión, aun cuando el mecanismo previsto originalmente no lo haya implementado».
No obstante, la publicidad no será inmediata. El juez solicitó al fiscal Basso que en un plazo de diez días informe si la divulgación de los cuatro informes presentados podría afectar la investigación o las medidas en curso, entre ellas las órdenes de detención con alerta roja de Interpol para los diez acusados.
También requirió a la SIDE que, en un plazo de quince días, revise toda la documentación e identifique aquellos pasajes cuya divulgación pudiera estar limitada por el Decreto 213/2020, especialmente en lo relativo a la identidad de agentes de inteligencia extranjeros.
Finalmente, ordenó a la Jefatura de Gabinete, bajo la responsabilidad de Manuel Adorni, que en un plazo máximo de sesenta días informe sobre las medidas adoptadas o a adoptarse para implementar los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada, así como sobre el cronograma de trabajo previsto para tal fin.
